En este artículo se analizan, en primer lugar, algunas de las objeciones más habituales formuladas contra los programas de discriminación positiva; a continuación, se revisan las razones que aducen quienes abogan por ellas; y, en último lugar, se señalan los criterios que habrían de cumplirse en su implementación para responder a las exigencias de las diversas dimensiones de la justicia. El marco teórico desde el que se abordan estas cuestiones responde, por un lado, a los criterios de una teoría normativa de la justicia y, por otro, a la actualización de la tradición republicana que entiende la asociación política como una comunidad de ciudadanos libres e iguales.